El Gobierno aprueba la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 | Idae

Incluye 13 medidas estructurales basadas en la equidad energética para el acceso universal, seguro, asequible y sostenible a la energía

Plantea adaptar la normativa para limitar el acceso al bono social eléctrico y al bono social térmico a los hogares con rentas altas

Fomentará la rehabilitación de viviendas de consumidores vulnerables, con ayudas directas y un nuevo impulso a los CAE Sociales

El Observatorio sobre pobreza energética y la Red-Actúa permitirán coordinar mejor las administraciones y asesorar a los consumidores

La carga energética de los hogares más vulnerables se ha reducido un 25% desde 2018, y la cobertura del bono social ha crecido un 60%

17 de febrero de 2026- El Consejo de Ministros, a petición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030 (ENPE 2026-2030), que está disponible aquí. Contiene 13 medidas pluridisciplinares para consolidar los avances alcanzados por la ENPE 2019-2024 –la primera elaborada en España– y afianzar una nueva generación de políticas públicas, basadas en la idea de la equidad energética, con el objetivo de garantizar el acceso universal, seguro, asequible y sostenible a la energía, como derecho básico y condición necesaria para una vida digna. 

La ENPE 26-30 surge tras un intenso proceso participativo con entidades sociales, el sector académico y el empresarial, que ha incluido un novedoso proceso de escucha a hogares vulnerables, y después de un período marcado por acontecimientos extraordinarios, como la pandemia de la Covid-19 o la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania.

Estos acontecimientos exigieron la aplicación de actuaciones urgentes y de carácter coyuntural, como el Mecanismo Ibérico o una relevante rebaja de la fiscalidad, con especial atención a los consumidores vulnerables; por ejemplo, el descuento del bono social eléctrico llegó al 80% de la factura para los consumidores más vulnerables, entre otras medidas, como la implantación del Suministro Mínimo Vital, o la prohibición del corte de suministros a consumidores vulnerables.

Menor carga energética de los hogares

Como resultado de la aplicación de esta vertiente del escudo social y de la apuesta estructural del Gobierno por las renovables y la eficiencia energética, el coste de la electricidad en España ha pasado de estar por encima de la media europea a estar por debajo, y la carga energética por hogar medio –el porcentaje de ingresos destinados a la energía– ha bajado un 3,5% desde 2018, desde 1.111 euros al año a 1.072 euros al año en términos corrientes, esto es, sin considerar la inflación (+19,7%) ni el aumento de la renta (+28,5%) durante el período.

En el caso de los hogares situados en los deciles de renta más bajos, la reducción de la carga energética, en esos mismos términos corrientes, es muy superior, llegando al 24,7%. Estos buenos resultados no hubieran sido posibles sin la aplicación de la ENPE 19-24 y las numerosas medidas coyunturales adoptadas durante los últimos años para proteger a los consumidores y la ciudadanía en general. 

Ahora, la ENPE 26-30 da continuidad a su predecesora, con vocación de consolidar los avances alcanzados, enfocándose en las actuaciones estructurales. Como su predecesora, se articula sobre cuatro ejes de actuación: caracterización de la pobreza energética; protección de los consumidores; mejora estructural de las condiciones energéticas; y coordinación interadministrativa, comunicación, información y sensibilización sobre la pobreza energética

Cuatro ejes de actuación

El primero de los ejes cuenta con una medida, la creación de un Observatorio de la pobreza energética, con visibilidad en la web del MITECO, que permita centralizar y mantener información y conocimiento sobre la materia, promoviendo intercambios técnicos entre expertos en este ámbito y facilitando la toma de decisiones sobre políticas públicas. Para crear el Observatorio, concretar sus actividades y la de su red de colaboradores, entre otros aspectos, se acaba de lanzar una consulta pública previa, que puede consultarse aquí.

El segundo de los ejes, la protección de los consumidores, cuenta con cuatro medidas, entre las que destacan garantizar el suministro a consumidores vulnerables y electrodependientes y mejorar la tasa de cobertura del bono social, que ha crecido un 60% desde 2018, pasando de 1,07 millones de hogares a 1,72 millones de hogares en la actualidad.

Así, la ENPE 26-30 contempla implantar medidas que faciliten el acceso a los potenciales beneficiarios, suprimiendo prácticas comerciales como la penalización por permanencia si el consumidor contrata PVPC con bono social y estableciendo una protección en el caso de refacturaciones, o exigiendo que quede constancia escrita de que el consumidor desea expresamente abandonar el PVPC con bono social para que pueda comprobarse. 

Varias de estas medidas ya se han incluido en el reciente Real Decreto 88/2026, por el que se aprueba el Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica, entre muchas otras disposiciones para proteger a los consumidores en general. 

Adicionalmente, la ENPE 26-30 plantea adaptar la normativa de acceso al bono social eléctrico –y en consecuencia, al bono social térmico– para cerrar la brecha de cobertura, ligarlo a la renta de los hogares y que lo reciba quien realmente lo necesita. Con los requisitos actuales, no todos los hogares con derecho o necesidad del bono acceden a él y, a la vez, sí tienen acceso hogares que no lo necesitan. 

Rehabilitación de viviendas y nuevo CAE social

En el tercero de los ejes, la mejora estructural de las condiciones energéticas, destacan las iniciativas destinadas a la rehabilitación energética de viviendas de familias vulnerables y el fomento de la inclusión de los consumidores vulnerables en las comunidades energéticas, así como la protección de la ciudadanía frente a las olas de calor y de frío, mediante refugios climáticos y el impulso de la refrigeración, de acuerdo con la propuesta de Pacto de Estado frente a la emergencia climática.

En este ámbito se contará con incentivos y apoyo público: además de los presupuestos ordinarios de los ministerios y administraciones implicadas, el Plan Social para el Clima contará con unos 9.000 millones de euros durante el período de vigencia de la ENPE 26-30. Ya se ha lanzado una Consulta pública previa para diseñar una Orden ministerial que regule la concesión de ayudas a proyectos piloto de intervención exprés de viviendas vulnerables y edificios de uso comunitario, disponible aquí.

También se aprovecharán los Certificados de Ahorro Energético (CAE) para fomentar las actuaciones de eficiencia energética para consumidores vulnerables. Se ha lanzado otra Consulta pública previa para fomentar el CAE social, disponible aquí, que analizará la opción de aplicar un factor multiplicador para incrementar el valor del ahorro generado y acelerar el retorno de la inversión en actuaciones sobre la climatización y las envolventes de los inmuebles habitados por personas vulnerables. 

Así mismo, se trabajará para alcanzar el objetivo de que un 12% de todos los ahorros del sistema CAE provenga de actuaciones de ahorro y eficiencia para hogares vulnerables, incrementando el interés del sector energético en este ámbito; para ello se ampliará el catálogo de actuaciones estandarizadas, mejorando las fichas para la pobreza energética e incentivando las rehabilitaciones pasivas frente a medidas activas.

Coordinación interadministrativa y asesoramiento directo

Finalmente, el cuarto eje, el ámbito de la comunicación y la sensibilización contempla tres medidas: mejorar la coordinación entre las distintas administraciones, crear puntos de asesoramiento energético específico para consumidores en situación de pobreza energética, y fomentar la detección de situaciones de pobreza energética en el sistema de salud de atención primaria y los servicios sociales.

Buena parte de la actividad de asesoramiento recaerá sobre una nueva Red-Actúa. Se ha constatado un aumento de solicitudes de bono social allí donde existe una Oficina de Transformación Comunitaria o un punto de atención similar, de modo que se dará formación y apoyo económico a entidades y administraciones públicas para su puesta en marcha, con agentes cualificados para atender a la pobreza energética y el transporte. 

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía como responsable de la implementación de esta medida ha lanzado dos consultas al mercado, una para la formación de agentes cualificados para la Red-Actúa, que puede consultarse aquí, y otra para la creación y el mantenimiento de las oficinas de atención a colectivos vulnerables, que puede consultarse aquí